Las debilidades institucionales de República Dominicana estarían llegando a los extremos si prosperaran hasta el final las pretensiones de quienes sorprenden declarándose propietarios del 70% de la sierra de Bahoruco para obligar al Estado a indemnizarlos por ser parque nacional en salvaguardia. Ya dos sentencias de tribunales les han dado ganancias de causa; caso sacado por la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas de las sombras en que han transcurrido los manejos. Miles de millones de pesos que tendrían que proceder de las arcas públicas para destinarlos al pago de un 3.5% del territorio nacional, porción que nuca dejó de ser patrimonio de todos los dominicanos.
Ya antes hubo que librar batallas judiciales contra un intento de apoderamiento de tierras de bahía de las Águilas al que puso fin la anulación masiva por el Tribunal de Tierras de títulos esgrimidos sin autenticidad por particulares. Por mucho tiempo el Estado dominicano ha perdido dominio sobre extensiones recuperadas de la voracidad latifundista del dictador Rafael Trujillo, sustituido en sus malhadados usufructos por otros autores de apropiaciones que todavía hoy encuentran modos de usurpación.
Tanto, que a lo largo del tiempo se descubren nuevas truculencias superiores a los acaecidas antes para arrebatar bienes de alto valor a la nación dominicana. De las actuales autoridades se espera el compromiso de evitarlo esta vez. Ya está bueno de que siempre llegue alguien y les tengan reservadas riquezas para llevarse.
